Se explora la tesis de que gran parte de las posibilidades y de las limitaciones para que se dé una vinculación relevante entre la profesión del Derecho y los temas de interés público y de justicia social en América Latina se origina en la forma en que los abogados son educados y, específicamente, en la forma en que los estudios de Derecho son concebidos. Un programa de estudios formalista, centrado en el estudio de las normas vigentes y aislado de los aportes de las demás ciencias sociales, como el que predomina en América Latina, contribuye de manera importante en la producción de técnicos jurídicos con poca conciencia acerca de su papel en la sociedad y del papel que al Derecho le cabe en el mantenimiento o en el mejoramiento de las condiciones que caracterizan a nuestras sociedades.