En diciembre del 2020, en virtud de un amparo promovido por ACIJ con asesoramiento de la Clínica Jurídica del CDH-UBA, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA confirmó la sentencia de primera instancia por la cual se instaba al GCBA a adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar rechazos de inscripción de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en las escuelas comunes de gestión privada localizadas en dicha jurisdicción.
En el marco de la causa, se había solicitado al GCBA, como medida cautelar, que implementara y difundiera canales de denuncia accesibles para que las personas afectadas por rechazos de matriculación o re-matriculación basados en la discapacidad pudieran reclamar. El GCBA había alegado la existencia de múltiples canales, pero la Cámara sostuvo que no era suficiente que existieran mecanismos si estos no se implementaban adecuadamente y no eran eficaces para proteger los derechos en juego.
A raíz de esta resolución, el GCBA comenzó a dar pasos para el cumplimiento de la medida cautelar. En particular, creó diferentes vías de reclamo, las que incluyen una dirección de correo electrónico específica, una opción exclusiva para este tipo de denuncias dentro de la línea telefónica de atención al público del Ministerio de Educación y un sistema de videollamada. Además, aprobó nuevas normas que regulan el procedimiento para la tramitación de denuncias por negativas de matriculación o rematriculación de estudiantes en institutos educativos de gestión privada de la Ciudad, lo que permitirá formalizar circuitos que con anterioridad estaban sujetos a la discrecionalidad estatal y brindar a quienes reclamen mayores garantías en términos de plazos, participación, posibilidades de seguir el estado de los expedientes y de recurrir las decisiones que se adopten, aplicación de sanciones, entre otras.
Aun cuando estas acciones implican grandes progresos, subsisten ciertas cuestiones a mejorar para que estos canales sean efectivos. Por ejemplo, actualmente, para hacer uso del sistema de videollamada solo se puede pedir turnos en horarios reducidos, y el mecanismo carece de las medidas de accesibilidad necesarias para que las personas con discapacidad puedan utilizarlo en igualdad de condiciones. Además, la vía telefónica no es hasta el momento un canal de denuncia autónomo, ya que cuando una persona se comunica por ese medio, se le indica que debe formular su reclamo por correo electrónico, es decir que no se reciben denuncias por teléfono como lo establece la página.
Por otro lado, tanto en primera instancia como en segunda, se había solicitado al GCBA que adoptara medidas para difundir el derecho a la educación inclusiva en la página web y en las carteleras del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), y también en los establecimientos educativos de gestión privada de la ciudad, a fin de asegurar que las personas con discapacidad y sus familias lo conocieran y supieran que pueden reclamar cuando se les niega la vacante por motivos de discapacidad.
En virtud de esta segunda pretensión cautelar, el GCBA publicó en su página web y en sus redes sociales información sobre el derecho a la educación inclusiva, y algunos establecimientos educativos de gestión privada de la ciudad ya han cumplido con su obligación de publicar el texto de la Ley 2.681 y su decreto reglamentario en sus carteleras. Sin embargo, si bien es un avance en la difusión del derecho, no se hace referencia explícita a la prohibición que existe en relación al rechazo de inscripción de personas con discapacidad en escuelas comunes, sino que señala la importancia de resguardar el derecho a la educación inclusiva “priorizando su matriculación en escuelas comunes y evitando que queden excluidos del sistema de educación general por motivos de discapacidad”.
Hasta el momento sólo hay resolución de las medidas cautelares y no del fondo del asunto.
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