José María Martocci, director de la clínica jurídica de DDHH de la UNLP, nos comparte una experiencia que muestra con claridad el valor de la enseñanza clínica como puente entre el aprendizaje académico y el compromiso social. En el caso del Barrio Tres de Junio, docentes y estudiantes acompañaron a una comunidad en situación de extrema vulnerabilidad, combinando herramientas jurídicas, diálogo interinstitucional y trabajo territorial sostenido para hacer efectivos derechos que parecían inalcanzables.
Un caso que nos muestra cómo la clínica se convierte en práctica de abogacía comunitaria. Este proceso permitió que la formación en derecho se desplegara sobre un caso real, donde la reflexión jurídica y la acción colectiva confluyeron. La intervención clínica no solo ofreció respuestas concretas a las familias del barrio, sino que también interpeló los límites del derecho tradicional y puso en el centro la potencia de las comunidades como protagonistas. La transformación del Barrio Tres de Junio es, así, un ejemplo inspirador de cómo la enseñanza clínica contribuye a la justicia social.
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1.
En el año 2016 la Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata entro en contacto, por medio de una organización social con intervención en la región de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes, con un asentamiento de viviendas precarias (chapas y maderas sobre piso de tierra) ubicadas a la vera del arroyo Plátanos bajo columnas de alta tensión, habitado por más de ciento veinte familias sin acceso a la red de agua potable, de electricidad, de cloacas, conviviendo con la basura, aguas estancadas y todo tipo de riesgo sanitario -evidenciado particularmente en niños y niñas con padecimientos respiratorios, infecciosos y epidérmicos-.
Nuestra intervención empezó en una asamblea vecinal en el mismo barrio, donde conocimos las condiciones de existencia y particularmente los riesgos constantes de ese modo de vida agravado por el campo magnético de las grandes columnas de alta tensión.
2.
Se trataba de una cuestión de alta complejidad pues involucraba el derecho a la vivienda de muchas familias pero también el derecho a la ciudad, entendido como aquél que promete asegurar el acceso a una vida en común digna y segura, que preserve a toda persona de la intemperie vital.
Pero de la mano del derecho la cuestión se hacía más compleja en cuanto nos preguntamos cómo hacer efectiva una política pública de vivienda donde no la hay o cuando el Estado no muestra voluntad en llevarla a cabo.
Esto abrió y abre a cuestiones fundamentales de orden práctico que interrogan sobre las condiciones de realización de los derechos; es decir, de su realidad más acá de su mera enunciación.
Es así que el caso nos trajo una problemática sobre la cual poco pensamos: la realización de los derechos cuando estos no suceden y cuando sus titulares carecen de poder –situar la vida en territorios descartables es un efecto, entre tantos, de no tener poder para vivir de otro modo-.
¿Cómo hacerlo? ¿Ante quién? ¿Bajo qué vía? ¿Cuál sería la vía más eficaz? ¿Qué rol ocupa la comunidad? ¿Qué rol ocupa el Estado? ¿Quién media entre la comunidad y el Estado? ¿Qué mecanismo puede hacer posible que la voz comunitaria sea escuchada con atención? ¿Es el proceso judicial tradicional la vía apta para este camino o nos lleva a una confrontación que no queremos por ineficaz? ¿Cómo dotar de poder a los derechos que no lo tienen?
Al cabo, todas preguntas que interrogan la potencia del derecho y el rol de la comunidad en su efectividad.
3.
De manera exploratoria, y antes de todo litigio judicial (en el que no creíamos para un caso de estas características), con estos antecedentes acerca del barrio iniciamos un reclamo al municipio de Berazategui y al Estado provincial, poniendo en conocimiento de esto también al Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, destacando las condiciones de vida extra constitucional de más de ciento veinte familias en su mayoría niños/as en situación de vida indigna y de serio riesgo.
Todos estos planteos, pero particularmente el que hicimos a la Fiscalía de Estado, dio lugar a la conformación de una mesa de trabajo en esta sede con participación de la propia vecindad a través de sus representantes, con nuestro patrocinio y con la presencia constante de las autoridades comunales y también de áreas competentes del Estado provincial.
La primera reunión presentó a todas las partes y los antecedentes de esta comunidad mediante fotos y testimonios de sus propios habitantes. Todos los participantes reconocieron la violación de un derecho estructural. Esto desencadenó reuniones periódicas donde la problemática se fue desgranando de modo de avanzar en soluciones progresivas dialogadas por todos sus protagonistas y donde la autoridad al cabo de cada encuentro se llevaba un compromiso a traer cumplido en la próxima mesa.
No es el sentido de esta breve nota reseñar las derivas y vueltas que tuvo todo este camino pero sí señalar que la persistencia en la búsqueda fue la constante y que al cabo de varios años de encuentros periódicos registrados en actas sucesivas lo que era un barrio olvidado en un territorio inhabitable se transformó en la construcción de una nueva urbanización, a no más de cincuenta metros de donde este comunidad vivía, de cuya lenta pero persistente realidad dan cuenta los registros visuales que aquí se adjuntan. Un nuevo barrio con calles, veredas, viviendas, conexión con la red eléctrica, de agua potable y cloacas. Una vivienda para quien nunca la tuvo, una integración urbano ambiental para una vida en común.
4.
Sin ánimo de agotar las sensaciones sobre esta experiencia de intervención, sí diremos que partió de un no saber qué hacer frente a la negación constitucional y a la evidencia de un derecho fundamental burlado. No saber cómo hacer que la letra constitucional –el deseo de una vida digna para toda persona y comunidad- salte a realidades palpables; cómo involucrar al Estado indiferente en una tarea olvidada; cómo conquistar dignidad para las voces que no se escuchan, las vidas que no se ven. En este no saber cómo, aprendimos a hacerlo, con persistencia, invención, diálogo efectivo y azar, dotando de poder, en la propia praxis de la comunidad como protagonista, a derechos que no lo tenían.
