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Asistencia personal para personas con discapacidad. Un proceso clínico/colectivo de aprendizaje e intervención

Hace más de 10 años desde la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) se comenzó este camino, en el que participaron diferentes cohortes de estudiantes de diversas disciplinas, graduadxs, personas con discapacidad y sus agrupaciones.

Mediante ese intercambio crítico, se construyó colectivamente un saber sobre la Asistencia Personal (AP) como apoyo para la vida independiente, también una estrategia que culminó en un litigo colectivo estructural dirigido a la implementación, por parte del IOMA y el Estado PBA, de una figura típica del modelo social para la vida independiente de las personas con discapacidad, reclamando la operativización directa de la cláusula 19 de la Convención internacional en la materia.

Es así que en el año 2017, la Asociación Azul promovió por sí y en representación del grupo una acción colectiva contra el IOMA y el Fisco de la Provincia de Buenos Aires para que se reconociera el derecho a la asistencia personal de las personas con discapacidad afiliadas al Instituto y se creará una prestación específica que garantizará su acceso.

En este proceso participó también la Clínica en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNMdP, elaborando un amicus curiae que fue presentado en la causa, junto con el de otras organizaciones sociales de militancia en la materia, así como funcionarixs y expertxs de organismos internacionales.

El proceso judicial también se constituyó en un ámbito de producción de conocimiento sobre la figura, sobre su fundamento y contenido, así como el ámbito que alojó el testimonio de Personas con discapacidad usuarias y de trabajadores AP; con todo lo cual el proceso, las partes, la jueza y les operadores judiciales pudieron comprender el concepto y función de la asistencia personal otorgándole contenido al concepto de vida independiente y al de asistencia personal, un significado que estuviese en consonancia con la Convención y con la experiencia de las personas con discapacidad.

En suma, el proceso se constituyó en fuente de conocimiento e información sobre el objeto de la pretensión: la figura de la AP como apoyo para la vida independiente en contraste con las figuras del modelo médico asistencial.

En abril del año 2020 la jueza de la causa hizo lugar a la demanda y reconoció el derecho de todo el colectivo de Personas con discapacidad de la provincia allí representado a contar con asistencia personal, conforme al modelo social de la discapacidad y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus Observaciones Generales temáticas.

Señaló que la asistencia personal se diferencia de otras prestaciones —como enfermería, acompañamiento terapéutico y cuidado domiciliario— porque debe estar dirigida y controlada por la propia persona con discapacidad, tanto como que el vínculo de apoyo se forja bajo la formación, necesidad y voluntad del propio usuario.

Asimismo, consideró que la falta de regulación generaba desigualdad y discrecionalidad en el acceso a la prestación.

Por ello, condenó a IOMA a crearla y reglamentarla conforme a los estándares internacionales, garantizando la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones representativas, especialmente de la Asociación Azul y análogas en la elaboración de la normativa que regule el tema (la causa se encuentra exactamente en este punto de elaboración en una Mesa de Trabajo).

También exhortó al Poder Legislativo provincial a dar tratamiento al proyecto de ley sobre asistencia personal.

Dicha sentencia fue apelada por la Fiscalía de Estado, organismo patrocinante del IOMA.

La Cámara de Apelaciones platense confirmo la sentencia de primera instancia.

Finalmente, en diciembre de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario presentado por Fiscalía de Estado y por el IOMA y dejó firme la sentencia de primera instancia.

Durante el corriente año 2026, nos encontramos en etapa de ejecución de la sentencia, llevando adelante mesas de trabajo para la implementación de esta política pública, en las que participan representantes del IOMA, Fiscalía de Estado, la Clínica Jurídica de Discapacidad (FCJS-UNLP), la Asociación Azul, Comunidad Diversa, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y demás agrupaciones de personas con discapacidad que quieran sumarse, de forma que nos encontramos ejecutando la sentencia y sus términos convencionales en un espacio de diálogo con participación de las organizaciones y personas interesadas, hasta que arribemos al texto de la reglamentación que servirá a todas las Personas con discapacidad afiliadas al IOMA en la provincia.

El presente proceso lidera la experiencia de litigio estructural en materia de derechos humanos y discapacidad ordenando, en ejecución de una cláusula operativa convencional, la formulación participativa de una política pública ausente.

Ha tenido la virtud, también, de introducir en el debate público y judicial el nuevo modelo social de la discapacidad, así como la operatividad directa de la Convención vinculante para el Estado y la sociedad, iluminando un nuevo modelo que pugna con el modelo médico dominante. Todo, además, en un movimiento colectivo que enraiza en la comunidad a partir de sus saberes y experiencias, que llegan al ámbito judicial luego de ser históricamente excluidos.

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